El coste jurídico de perder un documento
Hay papeles que pesan más de lo que aparentan. A simple vista, son hojas firmadas, selladas, quizá amarillentas por el tiempo. Pero en el mundo del derecho pueden ser un pasaporte hacia la victoria o el billete sin retorno a la derrota. Un contrato original, un certificado, un testamento, una letra de cambio… no son solo documentos: son las llaves que abren la puerta a un derecho, y también las piedras que pueden hundir un caso si desaparecen.
Por eso, cuando un cliente entrega uno de esos papeles a su abogado, le está confiando mucho más que tinta y papel: le entrega la posibilidad misma de reclamar, defenderse o cobrar. Y perderlos no es un simple despiste; es, a veces, borrar de un plumazo cualquier opción de justicia.
La casuística judicial ofrece abundantes ejemplos en los que la pérdida de documentos por parte del abogado ha derivado en responsabilidad profesional. Son situaciones en las que no solo se extravían papeles, sino que se compromete de manera irreversible la capacidad del cliente para ejercer sus derechos.
Un ejemplo se encuentra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de abril de 1993, que declaró la responsabilidad de un letrado que había extraviado documentos justificativos de una deuda entregados por su cliente y que supuso la imposibilidad de interponer la acción judicial correspondiente. El tribunal consideró que la actuación del abogado fue negligente al no cumplir con su deber esencial de custodiar con diligencia la documentación confiada.
En términos similares, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de octubre de 2000 condenó a un letrado por la pérdida de una letra de cambio. La resolución, como en el caso anterior, reafirmó un principio inequívoco que establece que el deber profesional del abogado no se limita a la defensa técnica o al asesoramiento, sino que también abarca la protección rigurosa de todo documento que reciba en el marco de su mandato.
¿Sientes que te han tratado con injusticia en un proceso legal? Si alguna vez has pensado “¡no hay derecho!”, quizá te interese este artículo donde reflexiono sobre esa sensación tan común: No hay derecho! .
Este tipo de situaciones no me resultan ajenas. Recuerdo con claridad el caso de un compañero abogado que acudió a mí después de recibir la reclamación de un antiguo cliente. Todo comenzó con la desaparición de una carpeta que contenía varios originales notariales, extraviada tras una mudanza de despacho, de la que dependía la reclamación de una herencia.
Cuando asumí la defensa, lo primero fue reconstruir el contexto de aquel encargo. Revisamos correos electrónicos, certificaciones y copias digitalizadas. Tras semanas de trabajo paciente y meticuloso, conseguimos demostrar que los documentos originales nunca habían sido entregados y que la reclamación carecía de una base real. La demanda fue desestimada y la reputación del compañero quedó intacta.
La diligencia en la custodia documental como deber profesional
La jurisprudencia no impone al abogado una capacidad infalible en la gestión documental, aunque sí le exige el ejercicio de una diligencia constante y rigurosa en esta responsabilidad. El artículo 1101 del Código Civil establece la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que resulten de actos u omisiones negligentes. Y esta previsión legal cobra sentido cuando se observa cómo la negligencia, lejos de ser una abstracción jurídica, puede materializarse en gestos cotidianos que parecen inocuos. Puede esconderse en una caja archivada sin cuidado, en una carpeta que se extravía durante una mudanza o en el simple olvido de devolver al cliente aquello que le pertenece.
En la actualidad, este deber se ve reforzado por la normativa de protección de datos y por una creciente sensibilidad social hacia el valor de la información. Un documento perdido ya no solo genera indefensión procesal, sino que también puede acarrear sanciones administrativas y provocar un serio daño reputacional. Esta realidad obliga a que la responsabilidad del abogado no se conciba únicamente como una exigencia ética o jurídica, sino como una práctica profesional integrada en su día a día.
De esa comprensión nace un marco claro de actuación que puede resumirse en cuatro principios fundamentales. El primero consiste en la custodia activa de todos los documentos que el cliente confía al profesional. El segundo exige mantener un archivo ordenado y seguro durante el plazo legal o el que haya sido pactado. El tercero implica una restitución clara y documentada de la documentación, ya sea al finalizar el encargo o cuando el cliente la solicite. El cuarto reclama una confidencialidad absoluta, especialmente frente a documentos que contengan datos personales o información sensible.
El trabajo del abogado no comienza ni termina en el tribunal. La confianza del cliente también se forja lejos de la sala de vistas, en la trastienda silenciosa donde reposan los cajones cerrados, los archivadores ordenados y la documentación que se devuelve puntualmente. Porque, en ocasiones, todo lo que un cliente necesita para defenderse cabe en un sobre y, si este se pierde, la justicia puede desvanecerse con él.
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- Valoro si se ha incumplido el deber de custodia, restitución o confidencialidad.
- Preparo informes técnicos sólidos, útiles tanto para reclamar como para defenderse.
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