En un país como el nuestro, con una larga tradición de escritores que se han burlado del mal funcionamiento de la justicia para no romper a llorar, quizá la verdadera novedad sea que, esta vez, ha sido una magistrada exhausta que, desde un juzgado desbordado, ha decidido que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre.
Me estoy refiriendo a la magistrada del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Coslada, a quien solo conozco por la providencia en la que acaba de declarar a su órgano “en estado cercano a la catástrofe” y suspender, por esta misma razón, prácticamente todos los asuntos de la jurisdicción civil salvo los más sensibles. No es que haya caído un meteorito ni que se haya abierto la tierra bajo los pasillos del juzgado. Se trata, más bien, de meses de trabajo acumulado, expedientes apilados hasta la bandera, refuerzos solicitados sin respuesta y una reforma –la Ley Orgánica 1/2025, de “eficiencia” del servicio público de justicia– que ha venido a añadir capas y más capas de complejidad a un sistema que ya estaba, por decirlo suavemente, saturado.
Que una jueza se vea obligada a dejar por escrito que, si sigue resolviendo con normalidad, compromete el futuro penal de su propio órgano es, por decirlo en castizo, la versión togada del clásico “hasta aquí hemos llegado”.
Lo interesante del “estado cercano a la catástrofe” de Coslada es que no remite a un accidente puntual, sino a la fase avanzada de una enfermedad que en los últimos tiempos se ha acelerado a base de reformas legales concebidas en serie, técnicas legislativas descuidadas y una desconexión creciente entre quienes redactan las leyes y quienes, a las nueve de la mañana, con la sala llena y LexNet tosiendo, tienen que hacerlas funcionar como buenamente pueden. A mí me da que el legislador le ha cogido el gustillo a tratar a los juzgados como si fueran una app: se hace el prototipo sobre el papel, se vende que “será muy intuitiva” y, total, ya se verá luego cómo demonios encaja todo en el sistema operativo real, que siempre parece estar en versión beta permanente.
La Ley Orgánica 1/2025 es un ejemplo de libro. Con ella llegaron los MASC convertidos en requisito de procedibilidad y la arquitectura de los nuevos Tribunales de Instancia, todo ello bajo el eslogan de la “eficiencia” (esa palabra talismán capaz de justificar cualquier cosa, incluso lo contrario). El resultado, a estas alturas, es más bien un escape room normativo, con puertas que se abren o se cierran en función de una palabra mal escogida, demandas inadmitidas por detalles formales y una sensación generalizada de que se ha desplazado el conflicto, pero no se ha resuelto. El seriado de acuerdos de las distintas Audiencias Provinciales unificando criterios sobre cuándo el intento de negociación MASC es suficiente y cuándo no se han convertido casi en una guía de supervivencia hermenéutica frente a la ambigüedad del texto legal. En este punto, no es casual que el Congreso haya aprobado ya una proposición no de ley instando al Gobierno a corregir con urgencia ese régimen de MASC, admitiendo que no está cumpliendo sus objetivos y que ha generado un auténtico “caos jurídico”. Cuando el Parlamento reconoce que la norma estrella de la eficiencia necesita reforma a los pocos meses de entrar en vigor, es difícil seguir sosteniendo que el problema es que los jueces no se adaptan o que los abogados son “resistentes al cambio”. El problema está, simple y llanamente, en la cocina normativa (en la receta, en los cocineros y, si me apuran, hasta en la calidad de los ingredientes).
En paralelo, el despliegue de los Tribunales de Instancia discurre, ahí dónde ya ha comenzado, como una mudanza mal planificada, a tal extremo que Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha llegado a pedir que se frene la Fase III durante al menos seis meses, avisando de que seguir adelante tal y como están las cosas puede abocar a los órganos a “una situación caótica” y calificando de “imprudencia grave” el empeño en mantener el calendario. No parece el tipo de expresión que se utilice a la ligera en una corporación tradicionalmente prudente en sus comunicados.
Y, por su parte, el Consejo General del Poder Judicial advierte que las nuevas plazas de jueces previstas son claramente insuficientes para absorber el impacto de la propia Ley 1/2025 y para adaptar la planta a los nuevos modelos organizativos, y subraya que la reforma exige “grandes inversiones” en infraestructuras que nadie sabe bien de dónde van a salir. Es la versión institucional del castizo “no hay más cera que la que arde”. Se puede cambiar el nombre de los juzgados por el de tribunales, se puede rediseñar la señalética y los organigramas, pero si las manos y las horas disponibles siguen siendo las mismas –o incluso menos–, el resultado no puede ser otro que un incremento en la entropía.
Todo esto lo que revela más bien es una falta de comprensión muy básica de cómo funciona un juzgado de primera instancia e instrucción un día cualquiera entre semana. Lo que tenemos es una especie de “legislador tecnocrático” que parece concebir a nuestros órganos jurisdiccionales como una cadena de montaje en la que si introduces un filtro MASC, disminuyen las demandas; si cambias la estructura por tribunales de instancia, aumenta la eficiencia; si incorporas un sistema de turnos, se reparte mejor la carga. La realidad es más cervantina pues al final lo que tienes es un juez y un puñado de funcionarios tratando de que superar la catastrofe mientras las reformas sucesivas se les van apilando encima como esos autos y providencias que ya no caben en la mesa.
La política, como siempre, llega tarde y mal, pero, sobre todo, llega sin miedo al coste electoral. Para que se me entienda mejor, el gobernante sabe que por la justicia no se convocan manifestaciones masivas como ocurre con las mareas blancas o el profesorado. La ciudadanía se indigna, sí, cuando una sentencia mediática no coincide con su intuición de justicia o cuando percibe politización en un caso de alto voltaje. Pero la indignación por la justicia cotidiana –esa que tarda cuatro o cinco años en resolver un pleito de despido o una reclamación de cantidad– no llena plazas ni titulares, más bien se diluye en conversaciones de pasillo y en el susurro recurrente del “más vale no meterse en juicios”.
En este contexto para mí, y cada uno es libre de opinar, la decisión la jueza de Coslada es un acto de insumisión lúcida, casi como una objeción de conciencia. Si el sistema me obliga a seguir tramitando como si aquí no pasara nada, tengo la obligación profesional de decir que sí pasa, y que seguir “como siempre” sería, precisamente, la auténtica catástrofe. El giro consiste, precisamente, en comprender que lo catastrófico no es que una jueza diga basta, sino que el resto del sistema considere normal trabajar permanentemente al borde del colapso. La catástrofe no es la alarma; es la naturalización del incendio.
Queda, eso sí, una pregunta incómoda: ¿Cuántas providencias como la de Coslada harán falta para que el debate sobre la justicia deje de girar en torno a nombres de instituciones, pulso político y grandes causas, y empiece a centrarse en algo tan poco glamuroso como estudios de cargas de trabajo, técnica legislativa decente y respeto real por el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva en tiempo razonable? De aquellos polvos –reformas apresuradas, desinterés político, falta de medios– vienen estos lodos de catástrofe silenciosa.
