Negligencia en funciones de gestión y representación: una fuente de responsabilidad civil del abogado

La otra cara del ejercicio profesional: más allá del proceso

En la memoria colectiva, el abogado suele representarse como una figura en sala, entre estrados, alegatos y recursos. Pero una parte decisiva —y muchas veces invisible— de la práctica jurídica ocurre fuera del juzgado. Se escribe en despachos, se firma en notarios, se negocia por correo o en una llamada telefónica. Es allí, en ese terreno extrajudicial, donde también puede germinar la responsabilidad civil del abogado, con consecuencias que pueden llegar a ser muy graves para el cliente.

La ley, la ética profesional y la jurisprudencia coinciden en señalar que el abogado no deja de serlo cuando sale del tribunal. Cuando asume funciones de gestión patrimonial, negociación, representación frente a terceros o intermediación en acuerdos, sigue atado por el mismo vínculo de confianza, lealtad y diligencia. Y si actúa al margen de las instrucciones del cliente, omite información relevante o compromete indebidamente los intereses de quien lo ha mandatado, la toga pesa igual.

Este tipo de responsabilidad civil no nace del error jurídico técnico —como la mala elección de una vía procesal o el olvido de un plazo—, sino de la gestión incorrecta del encargo profesional. Y suele producir un daño más profundo: no solo económico, sino moral. Porque aquí no se trata de perder un juicio, sino de sentirse traicionado por quien debía protegerte.

Casos reales: negligencias que rompen la confianza

La casuística es rica y compleja, pero se repiten ciertos patrones. Veamos algunos de los más relevantes, con ejemplos extraídos de resoluciones judiciales reales.

Celebrar acuerdos sin consentimiento expreso

Uno de los errores más graves —y lamentablemente más frecuentes— es pactar con la parte contraria sin contar con el cliente. Incluso cuando el abogado tiene poderes notariales, no puede actuar a su libre albedrío si el acuerdo afecta derechos personales o patrimoniales importantes.

📌 En la sentencia de la AP Baleares, 21 de enero de 2004, el letrado firmó una transacción con una indemnización superior a la autorizada por su cliente. Aunque la cifra podía parecer favorable, el tribunal recordó que el abogado no puede sustituir la voluntad del mandante. Se condenó al profesional por extralimitarse en el encargo, vulnerando el principio de lealtad.

Omisión del deber de rendición de cuentas

El artículo 1720 del Código Civil establece la obligación de todo mandatario de rendir cuentas al mandante. Cuando el abogado interviene en operaciones extrajudiciales —como compraventas, transacciones o reclamaciones amistosas—, debe detallar todos los actos realizados, especialmente los que implican movimientos económicos.

📌 En el caso tratado por la sentencia de la AP Madrid, 15 de marzo de 2005, el profesional gestionó una compraventa de un inmueble, recibió fondos en nombre del cliente, y no explicó ni justificó su uso. El tribunal lo consideró responsable por opacidad y falta de diligencia, condenándolo a restituir el dinero más intereses.

Desistir de actuaciones sin informar

Otra fuente habitual de litigios es el abandono de una acción judicial o extrajudicial sin conocimiento del cliente. A veces, el abogado, por estrategia, desiste de una reclamación, no recurre una resolución o decide no ejecutar un acuerdo. Pero si no comunica esa decisión, o no está expresamente autorizada, incurre en responsabilidad.

📌 En el caso resuelto por la AP Barcelona en su sentencia de 11 de julio de 2007, el letrado había desistido de ejecutar una sentencia firme alegando que no era viable económicamente. Sin embargo, no había informado de ello a su cliente, quien perdió la posibilidad de cobrar. El fallo fue claro: el profesional no puede anteponer su criterio personal al derecho del mandante, sin al menos haberlo consultado.

Gestión negligente de encargos extrajudiciales

La gestión de herencias, operaciones inmobiliarias o indemnizaciones extrajudiciales requiere tanto rigor como un pleito.  funciones, la diligencia debe ser máxima, como pone de relieve la sentencia de la AP Valencia, 23 de noviembre de 2009. En este caso, el abogado acompañó a su cliente en una operación de compraventa y no advirtió que el inmueble tenía cargas registrales pendientes. La falta de revisión mínima del Registro supuso una pérdida económica, y la Audiencia lo consideró culpa grave por falta de diligencia profesional.

Omisión de instrucciones o errores de gestión administrativa

No solo se responde por lo que se hace, también por lo que no se hace. Retrasos en presentar documentación en registros, no enviar comunicaciones clave, o incumplir con encargos simples como obtener una nota simple o firmar un convenio extrajudicial en tiempo y forma, pueden derivar en responsabilidad.

📌 A modo de ejemplo, vale en este apartado la sentencia de la AP León, 2 de octubre de 2008, que versa sobre la actuación de un abogado que no gestionó a tiempo un requerimiento notarial de aceptación de herencia, lo que llevó a que el cliente perdiera el derecho a inscribir su cuota. El tribunal consideró que el profesional debió anticiparse y advertir las consecuencias, dado que estaba encargado de esa gestión.

Diligencia, lealtad y claridad: los tres pilares también fuera del juzgado

La lección es clara: la responsabilidad civil del abogado no se restringe a la sala de vistas. De hecho, muchas veces el conflicto nace antes de que se interponga una demanda, o sin que llegue siquiera a formularse. En ese espacio difuso entre el consejo y la gestión, entre el encargo y su ejecución, la confianza del cliente se pone a prueba.

Y ahí, cada acto cuenta.

📌 ¿Firmaste en nombre del cliente? Debes probar que fue con instrucción clara.
📌 ¿Cobraron fondos en tu despacho? Debes justificar cada euro.
📌 ¿Actuaste por criterio propio? La buena fe no suple la rendición de cuentas.