La sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo en el caso del Fiscal General del Estado presenta un dilema fundamental que va más allá de este caso específico. ¿Cómo debe razonar un tribunal cuando enfrenta indicios débiles pero convergentes, cuando existe una narración coherente pero basada en elementos ambiguos, cuando una hipótesis es la «mejor disponible» pero no la única posible?
La mayoría de la Sala ha priorizado la coherencia narrativa y la convergencia de indicios en la idea de que si suficientes piezas encajan, debe ser correcta la conclusión. Aplica una lógica de corroboración, que es aquella que busca elementos que confirmen la hipótesis, y una vez que los encuentra, se adhiere a ella.
El voto particular elige el otro camino. Prioriza el rigor lógico y la falsabilidad, preguntándose no solo si los indicios encajan con la hipótesis, sino si existen alternativas plausibles. Insiste en que la prueba directa prevalezca sobre la indiciaria, incluso cuando requiera rechazar una narración aparentemente coherente.
Entonces: ¿Cuál es la aproximación correcta ? ¿La que prioriza la certeza narrativa, con el riesgo de condenar a inocentes cuando una historia es suficientemente convincente? ¿O la que prioriza el rigor lógico, con el riesgo de exonerar a culpables cuando múltiples explicaciones son posibles?
Esta es una pregunta que trasciende el caso García Ortiz. Es una pregunta sobre la naturaleza del razonamiento judicial en contextos de incertidumbre, y sobre cómo una sociedad democrática debe equilibrar la búsqueda de justicia con el respeto a la presunción de inocencia.
La sentencia mayoritaria ha optado por un equilibrio. El voto particular sugiere que ese equilibrio ha sido alcanzado en el punto equivocado, que la coherencia narrativa ha reemplazado al rigor lógico, que la mejor explicación ha sido elevada a la única explicación, que la probabilidad ha sido transformada en certeza.
Quizás lo más preocupante no sea la conclusión a la que llega la mayoría, sino el proceso mediante el cual ha llegado a ella. Porque si las instituciones judiciales pueden transformar indicios débiles en certeza mediante la simple acumulación narrativa, entonces la presunción de inocencia se convierte en una formalidad vacía, y toda persona que se vea envuelta en una «historia convincente» está en peligro.
