Hace unos días leí una nota sobre una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirma algo que, en otros tiempos, habría parecido materia de tertulia más que de pleito.
La historia va de un trabajador veterano despedido por enviar emoticonos en el chat del equipo: puños, caras de enfado, corazones. Una pequeña gramática visual para comentar los resultados del departamento. El puño cuando la producción era la habitual, la cara de enfado cuando bajaba y el corazón cuando mejoraba.
El problema es que el corazón acabó interpretándose como algo más que un comentario sobre productividad, y decidió despedirlo. Los tribunales —primero el Juzgado y después el TSJ— entendieron que el trabajador no había traspasado ninguna línea roja.
¿Podía resultar incómodo enviar muchos corazones? Probablemente. En los entornos laborales casi todo puede resultar incómodo, hasta el el silencio excesivo. Pero el Derecho, por suerte exige algo más: intención, contexto y una conducta que, objetivamente, tenga un significado inequívoco. No basta con que algo tenga forma de corazón para que se convierta en una declaración amorosa o en una insinuación impropia.
Hubo un tiempo en que las personas se despedían con fórmulas como “reciba un afectuoso saludo”, escritas con tinta solemne y cierta inclinación caligráfica. Hoy ese mismo afecto cabe en un emoji que ocupa lo que la uña de un pulgar.
Pero tampoco conviene frivolizar con hipérboles históricas. El acoso sexual es una realidad grave y jurídicamente definida. Y precisamente por eso, porque es una cuestión seria, el Derecho debe tratarla con rigor.
Habrá quien vea en episodios como este una batalla cultural. En realidad es algo más sencillo: es una cuestión de proporcionalidad y de tipicidad jurídica. El Derecho laboral no puede convertirse en un detector automático de susceptibilidades. Necesita hechos, contexto y significado.
A veces un corazón es un corazón. Y a veces es solo un pequeño gráfico de productividad con vocación sentimental. Lo demás, por si acaso, lo acaba decidiendo un tribunal.
Y, visto lo visto, quizá no sea mala idea.
